I. Soberanía, libertad e independencia individual y colectiva:
Todos los seres humanos son libres e independientes por naturaleza, y la convivencia en sociedad debe garantizar tanto la libertad individual como la independencia colectiva. La vida, el cuerpo, la tierra y la conciencia obedecen a leyes naturales previas y superiores a cualquier marco impuesto. Cualquier norma que vulnere la dignidad o la autonomía humana pierde legitimidad. Por eso, apoyamos la derogación de cualquier acuerdo o tratado internacional que vulnere el derecho a decidir sobre la salud y la libertad individual.
La soberanía alimentaria es condición indispensable de libertad. Un pueblo que no controla su alimentación es dependiente, vulnerable y esclavizado. La destrucción del campo español es una forma de dominación. Por ello, defendemos el mundo rural, la tierra y el conocimiento tradicional, entendiendo que la tierra no es mercancía, sino sustento, cultura y continuidad.
II. Rechazo al régimen del 78
La soberanía de España pertenece de forma única e indivisible al conjunto de la nación. Sostenemos que la máxima autoridad de una nación reside en su pueblo. Ninguna estructura de Estado puede considerarse plenamente legítima si no ha sido elegida de forma directa y consciente por los españoles en un marco de libertad constituyente.
Defendemos una verdadera democracia representativa basada en la separación real de poderes y la absoluta independencia judicial. Apoyamos una nueva transición política que devuelva la voz al pueblo para reconfigurar una Carta Magna adaptada a las necesidades del siglo XXI, blindando los derechos fundamentales y la neutralidad de las instituciones
Apostamos por una democracia participativa y directa que acabe con la partidocracia. Las instituciones del Estado deben estar estrictamente al servicio de los ciudadanos, eliminando las redes de clientelismo, las subvenciones ideológicas y los organismos paralelos que no aporten valor a la sociedad.
III. Políticas de inmigración y defensa de los intereses del pueblo español:
Rechazamos las políticas de inmigración implementadas hasta ahora en España, ya que perjudican gravemente los intereses del pueblo, impiden la defensa de la soberanía nacional, el control sobre nuestras fronteras y promueven inmigración masiva no integrada. Como declaró Hungría “La migración no es un derecho humano, es una decisión política”.
Apoyamos la derogación de todas las nacionalidades que se han otorgado a ciudadanos de países que no comparten las tradiciones y cultura de España. Creemos que debería aplicarse la misma medida a países que no mantengan acuerdos de reciprocidad efectiva, protegiendo así los intereses nacionales y la integridad cultural de la sociedad española.
IV. Rechazo del Nuevo Orden Mundial y defensa de la soberanía nacional
Rechazamos el Nuevo Orden Mundial y las medidas derivadas de las agendas políticas desarrolladas desde la Segunda Guerra Mundial que han vulnerado la soberanía de nuestro pueblo y el derecho de los españoles a decidir su propio destino.
Creemos que todas sus agendas representan un ataque sistemático a la soberanía de España imponiendo normas, tratados y políticas que reducen la libertad de decisión nacional, condicionan la economía, la migración, la salud, la educación y la cultura, y establecen un control supranacional sobre los ciudadanos sin su consentimiento. Esto constituyen un crimen contra nuestro pueblo, al subordinar nuestros intereses y derechos fundamentales a agendas externas, destruyendo la autonomía económica y social, y debilitando la capacidad de la nación para proteger a sus ciudadanos y preservar su identidad, cultura y bienestar colectivo.
V. Educación y formación integral para la cohesión, la igualdad de oportunidades y la defensa del bien común:
Defendemos una reforma profunda del sistema educativo orientada al futuro de la nación española, que garantice la igualdad real de oportunidades y elimine las barreras laborales y territoriales en el acceso a la educación, desde la enseñanza primaria hasta la universitaria y la formación profesional.
El sistema educativo debería ser común, cohesionado y accesible en todo el territorio nacional, evitando desigualdades regionales y asegurando que todos los jóvenes reciban una formación de calidad basada en el conocimiento, la responsabilidad y el servicio a la comunidad.